México tiene tasas de embarazos adolescentes casi igual que hace casi 30 años

Especialistas del CUAltos y del CUCEA analizan las cifras poblacionales en el marco del Día Mundial de la Población.
 

Los embarazos en las adolescentes de entre 15 y 19 años en Jalisco mantienen cifras parecidas a las de América Latina y no han disminuido sustancialmente en los últimos 30 años, pues en 2018, por cada mil jovencitas, 61.5 tuvieron un hijo, mientras que en 1990 esta cifra era de 66.1, afirmó la investigadora del Departamento de Estudios Regionales, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), doctora Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez, a propósito del Día Mundial de la Población que se conmemora este 11 de julio.
 
“Lo que estaríamos esperando es que hubiera un decrecimiento sustantivo, y tendría que darse porque ellas deciden posponer su primer embarazo, pero no están utilizando un método anticonceptivo y puede ser porque no lo conocen o no tienen acceso a él por parte de las instituciones de salud. Los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014 mostraban que 1.8 por ciento de las mujeres que no usaba un método anticonceptivo se debía a que tenía desconocimiento del método”, aseguró.
 
Mientras que la tasa global de fecundidad entre mujeres adultas disminuyó de 3.52 en 1990 a 2.19 hijos en 2018, la fecundidad adolescente se mantiene aproximadamente en el mismo rango de 65 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años, afirmó Gutiérrez Vázquez. Esta realidad en México no es muy distinta a la que priva en América Latina, donde la tasa de fecundidad adolescente se mantiene en 64 nacimientos, mientras que en países de la Unión Europea es de 10.6. 
 
La Jefa del Departamento de Salud Pública, del Centro Universitario de los Altos (CUAltos), doctora Patricia Noemí Vargas Becerra, afirmó que las instituciones gubernamentales tienen que redoblar las políticas relacionadas con la reproducción y sexualidad de estas mujeres jóvenes para asegurarles una mejor calidad de vida, mediante el estudio o las oportunidades laborales.
 
El investigador del Departamento de Estudios Regionales del CUCEA, doctor Alejandro Canales Cerón, dijo que en México la legislación garantiza los derechos sexuales y reproductivos, pero no hay una norma ni políticas públicas para que las personas tengan acceso a un nivel o calidad de vida mínimo.
 
“Cuando una muchacha de 17 años se embaraza ya no termina la preparatoria y no puede tener acceso a la educación, entonces va a entrar al mundo laboral sin oportunidades reales de trabajo, lo cual le genera un nivel de ingresos que no le va a permitir un nivel de consumo. Esos derechos sociales no están asegurados aquí, como sí lo están en países de Europa, que ayudan a que la mujer joven decida buscar otras alternativas de vida y posponer su primer embarazo”, declaró el especialista. 
 
En conferencia de prensa en la que fueron abordados diversos temas relacionados con la población, los especialistas subrayaron que los homicidios en México han logrado una disminución en la expectativa de vida de hombres y mujeres hasta de seis meses, en sólo 10 años; es decir, en promedio este problema afecta el número de años que una persona puede vivir más que las enfermedades isquémicas del corazón y el suicidio.
 
“Entre 2005 y 2015 se ha retrasado la expectativa de vida el equivalente a un cuarto de año (tres meses), y si observamos lo que pasó entre 2005 y 2010, la afectación es mucho mayor de hasta medio año. Sí hay una desaceleración en la expectativa de vida, y esto tiene que ver con el incremento de homicidios”, afirmó Gutiérrez Vázquez.
 
Esto significa que mientras las instituciones en el país hacen esfuerzos por combatir y dar  tratamiento adecuado a quienes sufren enfermedades crónico-degenerativas para que los mexicanos vivan más años, la violencia y el aumento de las muertes por homicidio están  echando atrás estos avances.
 
“Todos estos homicidios le están pegando a la población joven. Habría que tener una política de respeto a la vida y el derecho a una vida segura, al igual que cualquier persona tiene derecho a la salud o a una pensión. Esto tiene que ver con las políticas de respeto a los derechos múltiples de las poblaciones, y estos indicadores nos dicen dónde hay focos de atención para que las instituciones trabajen”, concluyó Vargas Becerra.

 

Por Mariana González CGCS
Fotografía: David Valdovinos CGCS