Afectaría a empresas propuesta de reforma hacendaria

Las empresas podrían enfrentarse a un régimen fiscal mucho más punitivo y rígido, en el que resultaría muy difícil la toma de decisiones en los negocios, si el Congreso aprueba tal como está el paquete de propuestas de reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto, afirmó Manuel Elías Tron Pérez-Kuhn, abogado fiscal con amplia experiencia en derecho fiscal internacional.

Tron Pérez-Kuhn impartió la conferencia "Planeación fiscal ante las nuevas reglas", organizada por el Doctorado en Estudios Fiscales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), en la que explicó que, de acuerdo con el paquete de reforma hacendaria, si la autoridad no encuentra justificada la utilidad que puede cuantificar de un negocio, estaría facultada para gravar al contribuyente según la manera en la que considera se debió haber hecho ese negocio.

Reconoció asimismo que es importante que la autoridad posea los instrumentos correctos para poder atacar la evasión que hay en México; pero los contribuyentes que sí cumplen tienen derecho a gozar de certeza, de seguridad jurídica, de saber que cuando toman una decisión de negocios, la autoridad no irá después a desconocer la operación porque no le convence la manera en que fue hecho.

"En la propuesta se deja fuera de protección el secreto fiscal para distintos tipos de contribuyentes. Es cierto que en países como Finlandia o Suecia las declaraciones son de conocimiento común. Sin embargo, en México necesitamos seguridad en la calle igual a la de estos países para poder hacer eso. Las finanzas del ciudadano no pueden transparentarse, de manera que cualquiera pueda saber lo que tiene, si el Estado no le puede garantizar que al salir a la calle no será secuestrado", resaltó Tron Pérez-Kuhn.

Apuntó que en la propuesta de reforma fiscal que hiciera el presidente figuran algunas disposiciones tendientes a hacer penalmente responsables a las personas morales, lo cual es novedoso en el Derecho Fiscal Mexicano. Están previstos, incluso, la disolución de una sociedad, la confiscación de sus bienes y el impedimento para dedicarse a ciertas actividades para sancionar un delito fiscal.

El Congreso tiene la obligación de escuchar con atención lo que tengan que decir al respecto los grupos especializados en este país, como universidades y colegios de profesionistas. En México, donde los derechos están consagrados en la Constitución y los tratados, hay que tener mucho cuidado para no generar conflictos innecesarios.

Texto: Martha Eva Loera

Fotografía: Andrea Hernández